La legislación y los instrumentos (planes, guías y protocolos) implementados en materia de trata de personas, a nivel global y local, tenían antes de la pandemia el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas con el fin de asistirlas y protegerlas en su situación de especial vulnerabilidad.

La pandemia mundial generó una crisis de consecuencias todavía impredecibles, agravadas además por la guerra de Ucrania. En 2008 había surgido un consenso amplio sobre la necesidad de reformas profundas que, en el fondo, significaban acabar con el consenso neoliberal prevaleciente desde los ochenta, si bien pronto las posibilidades de recuperación quedaron supeditadas al ciclo económico. Nuevamente la crisis actual pone en cuestión la calidad y efectividad del sistema de protección social y del propio Estado del bienestar.

Este artículo analiza el liderazgo político del presidente del Estado español, Pedro Sánchez, en la gestión de la Covid-19 durante los quince meses siguientes a la primera declaración del estado de alarma, a la vez que el contrapeso ejercido desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para incorporar a las Comunidades Autónomas en la gestión de la pandemia. Con una metodología descriptiva, se analiza y sistematiza la información obtenida en distintas fuentes documentales y se estudian las técnicas jurídicas empleadas por el Gobierno Central.

La justicia transicional propone instrumentos excepcionales para gestionar periodos no ordinarios, como las transiciones hacia la democracia o las transiciones hacia la paz. Estos instrumentos, de los cuales las llamadas «Comisiones de la Verdad» las más conocidas, gozan de un éxito considerable a nivel mundial, pero tienen en la Comunidad Autónoma Vasca un eco específico que la sitúan en la encrucijada entre excepcionalidad y normalidad.